El 8 de octubre pasado, Petro denunció que se había desencadenado «un golpe de Estado».

Este jueves, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a la vez que enfatizó la relevancia de honrar «el debido proceso legal», dado que la falta de bases legales para juzgar a un dirigente podría conducir a la negación de la voluntad popular, tal como ocurrió en su nación.

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«Como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro. No se puede renunciar al debido proceso legal, especialmente cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo, expresada democráticamente a través de las urnas», explica el mensaje publicado en X.

Además, Lula exhortó a recordar que, en 2016, la presidenta en funciones, Dilma Rousseff, «fue objeto de un proceso de ‘impeachment’ sin fundamento jurídico y ese marcó el inicio de una etapa tumultuosa y traumática en la historia de Brasil».

El 8 de octubre pasado, Petro denunció que se había desencadenado «un golpe de Estado» contra él, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que él y tres integrantes de su campaña serían sometidos a investigación por la supuesta violación de los límites de financiación establecidos para la campaña electoral de 2022.

Conforme a la normativa nacional, el líder colombiano argumenta que el organismo no tiene la potestad de investigarlo, ya que esta tarea corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, en múltiples publicaciones ha precisado que las indicaciones del CNE no se corresponden con la realidad, ya que no se vinculan a los costos de campaña e incluso se fundamentan en facturas incorrectas.

Además, los gobiernos de México, Cuba y Bolivia, junto con el Grupo de Puebla (el foro que reúne a líderes progresistas de América Latina y España), entre otros, han manifestado su inquietud por la investigación que se busca llevar a cabo sobre Petro y que, advierten, podría resultar en un intento de desacreditarlo.

Mientras tanto, el Gobierno de Colombia solicitó acciones provisionales para el dignatario frente al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, mientras que el grupo oficialista de Colombia pidió a las Naciones Unidas realizar un llamado internacional de defensa de su mandato, considerándolos como tácticas para socavar la gobernabilidad y poner en peligro la estabilidad democrática.

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